Las recientes elecciones municipales y autonómicas en España han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el ámbito político. En este contexto, la implantación de un sistema de videoactas municipales emerge como una solución efectiva. No solo mejora la comunicación hacia los ciudadanos, sino que también tiene un impacto significativo en la inclusión social, brindando acceso a personas con problemas auditivos. En este artículo, exploraremos cómo las videoactas se convierten en una herramienta clave para promover la transparencia en los gobiernos y fomentar la participación de todos los ciudadanos.

Las videoactas son el camino hacia la transparencia

Las videoactas están reguladas legalmente en España desde nada menos que 1985. Aunque la tecnología ha avanzado sustancialmente desde aquella época, ya entonces la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985 (LRBRL) establece en su artículo 25.ñ como competencia propia de los municipios “La promoción de la participación” de la ciudadanía “en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones”. Asimismo, el artículo 70 bis dispone que “las Entidades Locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos/as…”. En 2018, finalmente, con el Royal Decree 128/2018 se regula claramente el régimen legal de las videoactas en las administraciones locales. Y las ventajas de las mismas son múltiples:

  • Mayor transparencia y acceso a la información: La utilización de videoactas en los plenos municipales y autonómicos proporcionan una mayor transparencia en la toma de decisiones y en las acciones de los gobiernos locales. Al registrar y difundir las sesiones y reuniones públicas en formato de vídeo, se ofrece a los ciudadanos la posibilidad de acceder y revisar de manera más clara y comprensible los procesos y debates políticos. Esto contribuye a una mayor rendición de cuentas y fomenta la confianza de los ciudadanos en sus representantes electos.
  • Participación ciudadana: La implantación de videoactas también impulsa la participación ciudadana. Al tener acceso a las sesiones grabadas, los ciudadanos pueden seguir los debates y entender los argumentos expuestos por los diferentes actores políticos. Esto fomenta un mayor involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones, ya que pueden tener una opinión informada sobre los asuntos públicos y expresar su punto de vista. Además, la posibilidad de revisar las videoactas permite a los ciudadanos mantenerse actualizados y participar de manera más activa en las políticas locales.
  • Fortalecimiento de la confianza ciudadana: La transparencia y la inclusión generadas por las videoactas tienen un impacto directo en la confianza ciudadana en los gobiernos municipales y autonómicos. Al proporcionar un acceso claro y directo a las discusiones políticas, se reduce la percepción de opacidad y se fortalece la confianza en la gestión pública. Los ciudadanos pueden verificar cómo se toman las decisiones.

Mayor inclusividad

Inclusión social: Uno de los beneficios adicionales de las videoactas es su capacidad para fomentar la inclusión social. Las personas con problemas auditivos o sordas a menudo se enfrentan a barreras de comunicación en el ámbito político ya que no pueden escuchar las reuniones y sesiones. La implementación de videoactas con subtitulación y transcripción automática, permite a las personas sordas acceder y comprender el contenido de manera más accesible e inclusiva. Esto no solo promueve la igualdad de oportunidades, sino que también enriquece el debate democrático al garantizar que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en el proceso político.

En resumen, las herramientas ya existen, la tecnología también, y el marco legal está claramente establecido. Por lo tanto la difusión extensiva de los sistemas de videoacta inteligentes, como IActa, en ayuntamientos locales y autonómicos es un bien para la ciudadanía y mejora la interacción con los gobiernos.